La historia oficial dice que Milei es un outsider que llegó a la política para desmantelar el Estado y devolverle la libertad al individuo. La historia real, la que se desprende de los hechos y de los nombres propios, es bastante menos épica y mucho más mercantil.
Milei no es el arquitecto de nada. Es el operador local de una red global de capital tecnológico que ha encontrado en Argentina el terreno abonado para un experimento que en Silicon Valley solo se atreven a soñar en voz baja. Y los nombres que sostienen ese experimento no son un misterio: están documentados, se reúnen con él en la Casa Rosada y diseñan las leyes que él firma.
El primer nivel de esta estructura no ocupa cargos. Peter Thiel no gobierna Argentina, pero define el perímetro de lo que es posible gobernar. El cofundador de Palantir compró una mansión de doce millones de dólares en Barrio Parque y se instaló con su familia, según El País, para quedarse “al menos dos meses”. No vino de turismo. Vino a supervisar la inversión. Thiel financia Pronomos Capital, el fondo que promueve una red de ciudades privadas con reglas propias en la Patagonia y Mendoza, inspiradas en el fracasado modelo de Próspera en Honduras. Y su respaldo a Milei funciona como una señal para que el resto de Silicon Valley mire a Argentina como un laboratorio viable. No necesita un ministerio. Le basta con que el presidente le abra la puerta y le pregunte a qué hora quiere la ley de tierras.
El segundo nivel lo forman los tecnocapitalistas que construyen la infraestructura material del experimento. Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic y fundador de Sur Energy, impulsa Stargate Argentina, un megaproyecto de data center de inteligencia artificial de 25.000 millones de dólares en la Patagonia con el respaldo de OpenAI. Pero su papel no termina en el ladrillo y los servidores. Kargieman es el autor intelectual del marco legal para corporaciones sin humanos: su trabajo académico es la base del proyecto de ley que crea las “Sociedades Automatizadas” y las DAOs, entidades que, según el texto, “no requieren trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”. Es decir, empresas sin empleados, sin sindicatos, sin derechos laborales y con responsabilidad limitada. Un paraíso para el capital, un desierto para el trabajo.
El tercer nivel es el de la ejecución estatal. Federico Sturzenegger es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su cargo existe para una sola cosa: desmantelar el Estado desde dentro. Ha eliminado más de 16.000 “trabas” regulatorias, según sus propias cifras. Y no contento con legislar a velocidad industrial, ha revelado que su ministerio utiliza cuatro agentes de inteligencia artificial que “se juntan y votan” para redactar leyes y decretos, dejando al humano solo la validación final. La ironía es mayúscula: el hombre que dice defender la libertad individual ha delegado la función legislativa en algoritmos. La democracia representativa, ese estorbo, sustituida por un consejo de administración de silicio.
El cuarto nivel es el del control político y la inteligencia. Santiago Caputo, asesor presidencial sin cargo formal, es el guardián del marco ideológico y el hombre que mantiene el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Caputo se reunió a solas con Thiel, según La Nación, en un encuentro que alarmó a los fieles de Karina Milei y desató una interna en el corazón del poder. No es descartable, según varios medios, que Palantir esté prestando servicios de rastreo y análisis de datos a la agencia de inteligencia argentina. Ahí está la verdadera soberanía: los datos de los argentinos procesados por una empresa estadounidense de vigilancia masiva, con la connivencia del asesor más influyente del presidente.
Y luego está el enlace diplomático. Alec Oxenford, embajador en Estados Unidos, fue quien gestionó el primer encuentro entre Milei y Thiel en mayo de 2024. Su función es mantener engrasada la cadena entre la Casa Rosada y el capital riesgo de Silicon Valley. Sin él, la red no fluye.
El resultado de este entramado es un país que se convierte en plataforma de lanzamiento de un proyecto tecnolibertario global.
Thiel diseña el horizonte.
Caputo lo filtra a través de la política argentina.
Sturzenegger lo convierte en decretos.
Kargieman construye la infraestructura física y legal.
Oxenford conecta las redes.
Y Milei, mientras tanto, grita “viva la libertad, carajo” en los escenarios de Madrid, Buenos Aires o donde encuentre alguien lo bastante soez como para soportarlo, mientras firma las leyes que le ponen delante sin siquiera leerlas.
La pregunta no es si Thiel y su red tienen suficiente influencia para capturar el rumbo del Estado argentino. La pregunta es si alguna vez hubo un Estado que capturar. Porque la ley de tierras que el gobierno intentó reformar, y que la Corte Suprema avaló derogar en parte, no iba a beneficiar a los agricultores locales. Iba a beneficiar a los fondos de inversión que buscan enclaves con reglas propias, como Pronomos Capital, respaldado por Thiel y por Donald Trump, según denuncian organizaciones sociales. Elisa Carrió lo dijo sin rodeos: “Es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos”. Puede sonar exagerado, pero la dirección es la correcta.
La intención real no es hacer de Argentina un país libre. Es hacer de Argentina un territorio sin fricción para el capital tecnológico. Un lugar donde las empresas no tengan que lidiar con humanos, donde los datos fluyan sin control, donde la tierra se venda al mejor postor y donde la soberanía sea un concepto decorativo. Y Milei no es el líder de ese proyecto. Es su empleado más visible. Y su verdadero sueldo no se lo paga el pueblo argentino. Se lo paga la red que le sostiene.
La incertidumbre principal reside en la letra pequeña de los contratos de Stargate, Pronomos y Palantir, que no son de dominio público. Pero la dirección de los hechos no admite muchas dudas.
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