La insoportable levedad de ser un delincuente.

En contra de la opinión de Carnicero y algún que otro periodista, estoy firmemente convencido de que lo que está sucediendo no responde a maniobra alguna orquestada en la oscuridad. Como en la realidad siempre superada por la ficción, las cosas son mucho más simples. Y ocurren porque ocurren, sin que haya nacido el pitoniso capaz de preveerlas a medio-largo plazo y, mucho menos, provocarlas.

Es cierto que se disciernen una o varias manos negras, pero no son manos taimadas que utilizan complicados algoritmos de anticipación. Son simple y llanamente los mal llamados especuladores, individuos o entidades que en el día a día utilizan los resortes bursátiles y los mecanismos de negocio en la nube para autoreportarse jugosos beneficios al margen de toda ética, sin conciencia, sin pensar en las víctimas de carne y hueso. No hay otra forma de hacerse con una fortuna. No hay un plan preconcebido, sólo astucia -éso es innegable-, ambición y falta de escrúpulos.

Lo que hace posible esta actividad obscena es una piedra triangular fácilmente identificable: las normas. Las Leyes. Si se modifican las Leyes, se cambian las reglas y se fuerza a un cambio de estatus o, como mínimo, de estrategia. Sacar a los especuladores de la rutina, desorientarles durante un tiempo que puede ser precioso para abatirles. Y digo abatirles en el más estricto sentido. Físicamente, si es necesario. Porque se está llegando a una tesitura en que se trata de la supervivencia de la civilización. Ellos o el resto del mundo.

En España ha quedado claro con quién no se puede contar para perseguir este objetivo: ni con las opciones liberales ni con las social-demócratas. Huelga detallar los sujetos y sus motivos.

Un millón de personas despedidas y sin ingresos choca frontalmente con marcos absurdos como los expuestos en varias cajas de ahorros: Caja Madrid, CajaSur, CAM, Caixa Galicia en estos días, y las que vendrán, han estado regidas por delincuentes. Forajidos que birlan sin tapujos los dineros de las entidades durante y, sobre todo, después de perpetrar su mandato-delito, con la connivencia expresa de quienes no tienen otra función que velar por nuestros intereses.

Me pregunto por quién y en qué momento fueron autorizados los documentos que ahora, tras despellejar las entidades que se les había encomendado gestionar limpiamente, les otorga un premio-botín de varios millones de euros por sus desmanes. Es necesario conocer con nombres y apellidos a los autores materiales de las normas que han hecho posible esta pérdida institucional de la integridad pública que afecta a la credibilidad de todo un sistema jurídico, desde sus mismas raíces constitucionales y al total del Estado de Derecho.

¿Cuál es el valor actual del consenso y el contenido de la Constitución? Nulo, cero. La humillación de la ciudadanía a través del desprecio al ordenamiento jurídico empezó ya con F. González, y ha culminado durante éste último mandato del PSOE. No se puede -en realidad, no se debe- llegar más lejos en el desamparo a los españoles que hasta donde ya lo han hecho las Administraciones Públicas. Y en este momento, todos nosotros estamos obligados a impedirlo. Nunca me he decantado por las revoluciones, pero la espada avanza implacable, y cada vez está más cerca la pared.

-Algún día escribiré reflexivamente, sin arrebatos. Pero ese día no es hoy.-